La disociación que se ha pretendido hacer en Cataluña, entre democracia y legalidad, es un error gravísimo. La legalidad y la democracia, son caras de una misma moneda. No tiene ningún sentido, que la democracia pase por encima de las leyes. Y ya no digamos, si la ley la ha hecho uno mismo. Esto se podría entender, cuando nos enfrentamos a leyes dictatoriales, pero no en una democracia y Estado de Derecho. La interpretación de que si esto es justo o injusto a mi entender, cumplo o no la ley, abre la puerta a un espacio muy, muy peligroso.
Por supuesto las leyes son convenciones, reglas de juego que en democracia son el fruto de procedimientos, que tienen la legitimidad de contar con el aval de la mayoría de la ciudadanía. Son normas que marcan lo que es legal y lo que es ilegal. Nada más, pero también nada menos. Es evidente que no todo lo que es legal es moral. Y que puede haber comportamientos ilegales, de alto valor moral. Pero no por ello dejan de ser ilegales. Tendremos que repasar a Max Weber.
Que se me entienda bien, porque para mí, el “fundamentalismo” de la ley, se da de bruces con la prueba más evidente de su carácter convencional: es principio de cualquier legalidad democrática, poderla cambiar. Y la prueba más clara de que una democracia funciona, es la de su capacidad de ir adaptando las leyes, a los cambios sociales y económicos.
Y junto al fundamentalismo legalista, aparece con frecuencia, en contraposición, el fundamentalismo democrático de supuesta base patriótica, que – como cita Ramoneda – unos usan para convertir la ley en un muro, y otros para negarla. Se están diciendo muchas estupideces. Casado ha gritado ¡la Constitución es sagrada! Y Torra: ¡nosotros ponemos la voluntad del pueblo por delante de la ley! Deberían saber ambos, que la democracia rehuye los fundamentos absolutos.
La calidad de la democracia, se mide por la capacidad de ampliar al máximo el espacio de lo posible, sin romper la convivencia. Sabemos que el marco natural de la democracia, ha sido históricamente el Estado nación. Y la configuración del pueblo soberano, se ha confundido muy a menudo con la nación, como forma de colocar a los ciudadanos, bajo la sombra de un sujeto transcendental, al que nos debemos en términos cuasi religiosos. Pero cuando la nación se impone como horizonte absoluto y límite insuperable – escribía Ramoneda – la democracia pierde su peculiar fragilidad, y entra en el terreno de las lealtades inquebrantables, que sólo conducen a los “choques de trenes”.
De ahí, me parece, la crisis actual de gobernanza de las democracias liberales, que ha vuelto a poner en escena enfáticas nociones, como nación y pueblo, balsámicas palabras, utilizadas como argumento fundamental, para revocar unas legalidades democráticas, eso sí, algo oxidadas. Cuando la visión fundamentalista de la ley, se combina con el fundamentalismo patriótico, se entra en la oscuridad. La memoria es corta y el conocimiento de la historia precario, por ello el recuerdo de los años treinta, que operó en Europa como un superego civilizador, durante un par de generaciones, ya queda lejos (para mis nietos tan lejos como el reino visigodo) ¡Y las banderas vuelven a desplegarse!
Pues eso.
Palma. Ca’n Pastilla a 5 de Marzo del 2019.
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